La Corte Constitucional retomará esta semana el estudio de dos temas clave para el Gobierno y el Congreso: la reforma pensional y la emergencia económica, tras el regreso de las altas cortes de la vacancia judicial, que finalizó el sábado 10 de enero de 2026. Con ello, se reactivan procesos de alto impacto político, fiscal y social que permanecían en pausa desde finales del año pasado.
Uno de los asuntos prioritarios será el control de legalidad del decreto “madre” de la emergencia económica y de los decretos expedidos bajo esta figura excepcional. En particular, la Corte entraría a revisar el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno busca recaudar $11,1 billones para atender necesidades urgentes. El paquete contempla ajustes al IVA, creación de un impuesto a la riqueza, gravámenes al sector extractivo y mecanismos de recaudo inmediato, medidas que han generado debate entre sectores económicos y políticos.
En paralelo, la Corte Constitucional retomará la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, cuyo análisis se ha extendido por varios meses debido a factores jurídicos y políticos. En noviembre, la Sala Plena tomó dos decisiones determinantes: apartó del debate al magistrado Héctor Carvajal, por un presunto impedimento al haber emitido conceptos para Colpensiones, y realizó una votación que terminó en empate, dejando el futuro de la ley en suspenso.
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Tras la salida de Carvajal, considerado un voto clave por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, el proceso quedó condicionado a la designación de un conjuez para destrabar la decisión. Aunque el alto tribunal había devuelto el proyecto a la Cámara de Representantes para corregir vicios de procedimiento, sectores de oposición aseguran que la subsanación fue insuficiente. Pese a ello, el Gobierno ya implementó una de las medidas centrales de la norma: el pago de un bono pensional de $230.000 a cerca de tres millones de adultos mayores, lo que aumenta la expectativa frente al fallo definitivo del tribunal.
