La Corte Suprema de Justicia archivó una investigación contra el senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, por presuntas irregularidades en la contratación de una obra educativa en el municipio de Saldaña durante su administración entre 2008 y 2011.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, concluyó que Barreto no incurrió en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, como sostenían los denunciantes del caso.
La investigación se originó por la adecuación de un centro de eventos como sede educativa. Según la denuncia presentada por Fernando Ortiz Guarnizo, Miguel Ángel Ortiz Guarnizo, Néstor Rodríguez Guzmán, Eduardo Quintana Cortez y Luis Alfonso Rendón Marín, el lugar carecía de dotación básica y estaba ubicado fuera del casco urbano, lo que, a su juicio, representaba un riesgo para los estudiantes.
El alto tribunal determinó que el contrato se ejecutó conforme a los requisitos legales y que la obra fue entregada en condiciones adecuadas. Además, señaló que la Secretaría de Educación del departamento recibió la institución sin objeciones y que no se hicieron obras adicionales a las pactadas.
La institución actualmente funciona como la sede principal de la Institución Educativa Técnica Roberto Leyva y beneficia a cientos de estudiantes del municipio.
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De acuerdo con el fallo, las instalaciones hidráulicas y sanitarias estaban previstas en los estudios técnicos de la obra. No se reportaron fallas al momento de su entrega y tampoco se identificaron reparos por parte de la autoridad educativa.
La Sala tuvo en cuenta un concepto favorable de la Contraloría General de la República que descartó la existencia de detrimento patrimonial. Por ello, resolvió archivar el proceso.
El exgobernador enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades en 119 convenios firmados durante su administración, de los cuales 12 fueron suscritos con la Corporación Prohaciendo por un valor de $4.700 millones.
En enero de 2021, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente acusador, en esos convenios se identificaron subcontrataciones directas sin licitación pública, lo que habría vulnerado las normas de contratación estatal. Además, se documentó que uno de los beneficiarios fue un financiador de la campaña de Barreto y su hermano, lo que genera dudas sobre un posible conflicto de interés.
La Contraloría también halló irregularidades en procesos previos de contratación durante los años 2008 y 2009. Pese a esas advertencias, la administración continuó firmando convenios con la misma corporación. La investigación en este caso continúa en curso.
(Colprensa)
