En un hecho sin precedentes, la Corte Constitucional solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación el envío de todas las pruebas relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de integrarlas al estudio de legalidad de la Reforma Pensional.
La petición incluye la remisión de sentencias, declaraciones, interrogatorios y decisiones judiciales vinculadas a actores clave en el caso de la UNGRD, como los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a funcionarios públicos, asesores y congresistas presuntamente involucrados.
La Corte busca incorporar estos elementos probatorios al análisis de constitucionalidad de la reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso, ante la posibilidad de que los hechos de corrupción hayan influido en su trámite legislativo.
Detalles de la solicitud
La comunicación de la Corte ordena específicamente:
Copia íntegra de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente.
Copia de la medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, así como su solicitud reciente de ser escuchada ante la Corte Suprema.
Declaraciones de los congresistas Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Testimonios de las asesoras del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides y Andrea Carolina Ramírez.
Declaraciones de Jaime Ramírez Cobo, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y del exsenador Pedro José Castro Espinoza.
Copia de la sentencia del 29 de abril de 2025, mediante la cual se condenó a Sneyder Pinilla a más de cinco años de prisión tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía.
Decisión del 7 de mayo de 2025 sobre la situación jurídica de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
La Corte exige que toda esta información sea enviada en un plazo de tres días, desde el momento en que se reciba la solicitud, para su análisis dentro del control constitucional del proyecto de ley de la reforma pensional.
Este nuevo paso evidencia el impacto del escándalo de la UNGRD en el escenario legislativo y judicial del país, abriendo interrogantes sobre la transparencia en la aprobación de una de las reformas estructurales más importantes del gobierno actual.
De Colprensa para Nación Colombia.
