En época preelectoral en donde los partidos políticos están definiendo su estrategia para las elecciones del Congreso de la República, en el Nuevo Liberalismo se presentó hace pocos días un cambio en uno de los cargos más importantes de sus cuadros directivos, la Coordinación Política Nacional.
De acuerdo con los estatutos del partido liderado por el precandidato presidencial Juan Manuel Galán Pachón, quien es su director, el “Director Nacional es quien ejerce la representación política y conduce las relaciones políticas del partido con los demás sectores, movimientos y partidos políticos nacionales, organizaciones internacionales y con el Gobierno Nacional”.
Al mismo llegó, nombrado por Galán, el 13 de agosto de 2024 el diputado de Córdoba, Gustavo Ricardo Negrete Bonilla, quien de manera sorpresiva apenas estuvo al frente de esa gestión nueves meses, del cual salió el pasado 4 de junio tras haber presentado su renuncia, salida que fue interpretado al interior de las filas del Nuevo Liberalismo como una renuncia solicitada por varios hechos del pasado.
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Negrete, antes de llegar al galanismo, estuvo vinculado con el recién deportado de los Estados Unidos, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue implicado en el llamado ‘Cartel de la hemofilia’, por lo que debe pagar una condena en Bogotá.
El exdirector político del Nuevo Liberalismo, cuando ejercía como concejal de Montería, fue suspendido e inhabilitado por 10 años en 2019 por la Procuraduría General de la Nación, debido a la violación del reglamento interno con el nombramiento irregular de la secretaria del Concejo de Montería, María Angélica Usta. El Ministerio Público calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. Tras su apelación, en segunda instancia se revocó la sanción.
En el galanismo también habría pesado la denuncia presentada por la Veeduría Nacional ‘Velar por Más Transparencia’, dirigida por Darío Díaz, quien relaciona al diputado y exdirectivo del Nuevo Liberalismo con la empresa SU PERSONAL E.S.T., que ha recibido millonarios contratos de prestación de servicios con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.
El veedor Díaz ha solicitado investigaciones por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica, al considerar que dicha empresa presenta serias irregularidades en pagos, descuentos arbitrarios y presiones laborales. Incluso sostiene que el verdadero dueño de la empresa es el diputado.
(Colprensa)
