La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Agropecuario, reveló graves irregularidades en la adquisición del predio Hacienda Simba, ubicado en el departamento de Sucre, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El hallazgo se produjo tras una denuncia ciudadana y derivó en investigaciones con posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal por un valor de $16.382 millones.
De acuerdo con el informe avalado por el Comité de Evaluación Sectorial, la ANT firmó en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un monto total de $27.304 millones, de los cuales giró un anticipo del 60 %, equivalente a $16.382 millones.
No obstante, más de 18 meses después, el predio no ha sido escriturado ni transferido oficialmente a nombre del Estado.
La Contraloría advirtió que esta situación representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, ya que la ANT no puede registrar contablemente el bien ni incorporarlo al patrimonio público.
Le puede interesar : https://nacioncolombia.com/inversion-historica-de-ecopetrol-al-departamento-del-meta-en-2025/
Además, esta irregularidad impide la adjudicación del terreno a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo de Paz, pues la transferencia del dominio no se ha perfeccionado jurídicamente.
El ente de control también señaló que el proceso de compra incumplió el marco normativo vigente, al omitirse etapas clave de validación técnica, jurídica y social.
A esto se suma un cambio sustancial en la destinación del predio, ya que inicialmente estaba dirigido a comunidades campesinas, pero posteriormente la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin acto administrativo ni respaldo presupuestal que justificara la modificación.
Finalmente, la Contraloría subrayó que estos hechos podrían configurar una desviación de la finalidad del gasto público, al utilizar recursos asignados a un propósito distinto al aprobado, lo que compromete la transparencia, eficiencia y legalidad en la administración de bienes destinados a la política de tierras en Colombia.
