La Contraloría General de la República alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, el cual puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un aumento del 155%.
La situación se agravó durante el primer semestre de 2025, pues a junio de ese año la cifra de anticipos sin legalizar escaló a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad. De este monto, la Contraloría señaló que hay un riesgo de posible detrimento patrimonial en anticipos que superan los dos años, por un valor de $143 mil millones.
Además, se encontró que, con corte a junio de 2025, aún existía un saldo de $5,7 billones en anticipos de la vigencia 2024 que no habían sido legalizados.
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La Contraloría halló un total de 22.737.247 registros de facturas pendientes de trámite por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, una verificación inicial permitió identificar 9.155.060 facturas duplicadas, cuyo valor ascendía a $8,9 billones. Al excluir estas repeticiones, el valor real de las facturas pendientes por procesar es de $13,2 billones.
De este total, el 97% de las obligaciones corresponde a la vigencia 2024 y al primer semestre de 2025, lo que indicó que casi la totalidad de estas cuentas no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.
Esta circunstancia, según el organismo, genera inconsistencias contables y financieras. El análisis también arrojó que el 40% del valor pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, se concentra en solo 36 prestadores de salud de una red de más de 2.700, lo que eleva el riesgo fiscal.
Durante la diligencia judicial, la Contraloría identificó otras falencias que agravan la situación de la EPS. Se encontró que la entidad no aportó los soportes documentales completos de los contratos suscritos con su red de prestadores, como copias del contrato, notas técnicas y anexos, incumpliendo los requisitos del Decreto 441 de 2022.
A esto se suma que las cuentas por pagar a marzo de 2025 acumulaban $21,37 billones, una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad de la EPS, que tiene una cobertura del 22% de la población afiliada del país.
Este desequilibrio, que se refleja en $10,5 billones de anticipos por legalizar y $8,7 billones en facturas por procesar, podría llevar a restricciones en la prestación de los servicios de salud. Finalmente, el informe reveló una subestimación en la constitución de la reserva técnica por $11,1 billones con corte a diciembre de 2024.
La Contraloría concluyó que la situación de la Nueva EPS evidencia un riesgo de «deterioro progresivo», a pesar de estar intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que inicie los procedimientos de control fiscal y determine si hay lugar a responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.
(Colprensa)
