A una década de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia sobre el incumplimiento en la reparación material a las víctimas. Según el ente de control, las extintas Farc no han entregado la totalidad de los bienes pactados, lo que ha generado un vacío financiero crítico para los procesos de restauración. La contralora delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, reveló un hallazgo insólito: entre los activos entregados por el grupo guerrillero se encontraron falsos dólares, una burla administrativa que afecta directamente el fondo destinado a indemnizar a quienes sufrieron el conflicto.
El componente restaurativo y reparador, pilar esencial de las sentencias emanadas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se encuentra hoy en cuidados intensivos. De acuerdo con los cálculos estimativos del tribunal, se requieren $121.858 millones de pesos para cumplir con los objetivos de reparación integral. No obstante, la realidad presupuestal para el año 2026 es alarmante, pues solo se dispone de $20 mil millones de pesos, apenas una sexta parte del monto necesario, lo que posterga indefinidamente la justicia material para miles de colombianos.
La falta de activos reales ha impedido que el Estado monetice el inventario que inicialmente prometieron los excombatientes. Muchos de los bienes reportados en el listado original de las Farc resultaron ser inexistentes, poseer problemas jurídicos o estar en un estado de deterioro que anula su valor comercial. Esta situación deja en evidencia una falla estructural en el seguimiento permanente del acuerdo, donde la entrega de bienes debía ser el mecanismo principal para financiar los proyectos de vida de las víctimas y la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados.
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La Contraloría subraya que, sin una entrega efectiva y verificable de la riqueza acumulada por el antiguo grupo armado, la carga financiera de la reparación seguirá recayendo exclusivamente sobre el erario público. El ente de control instó a las autoridades competentes y a la JEP a tomar medidas más drásticas frente a los responsables, pues la aparición de divisas falsas y el incumplimiento sostenido ponen en riesgo la credibilidad del sistema de justicia transicional. Por ahora, el 2026 inicia con una brecha financiera de más de $100 mil millones, una cifra que traduce el olvido económico para quienes esperaban ser resarcidos.
