Transmisión de Consejos de Ministros
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), cuestionando la transmisión televisada de los Consejos de Ministros. La demanda, interpuesta por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, argumenta que estas sesiones deben ser reservadas según el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que establece la confidencialidad absoluta de dichas reuniones.
El demandante solicita que se suspenda la difusión pública de estos encuentros y que las autoridades se abstengan de realizar actos que vulneren esta reserva. El Tribunal ha ordenado a los demandados presentar pruebas y remitir los antecedentes administrativos relacionados con el caso.
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Esta no es la única acción legal emprendida contra la transmisión de los Consejos de Ministros. La senadora María Fernanda Cabal presentó una denuncia argumentando que la divulgación de estas sesiones viola la mencionada ley de 1923. Asimismo, los congresistas José Jaime Uscátegui y Juan Espinal han radicado denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalando que la transmisión de temas relacionados con la seguridad nacional podría constituir una violación por revelación de secretos de Estado.
El debate sobre la transmisión pública de los Consejos de Ministros continúa, enfrentando posturas que valoran la transparencia gubernamental frente a aquellas que advierten sobre posibles riesgos para la seguridad del Estado y la eficacia de las deliberaciones internas.
