El Centro Democrático radicó una iniciativa para conceder al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses, con las que podría reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley. El proyecto requiere aprobación del Congreso para entrar en vigencia.
Alcance de las facultades
La propuesta, presentada por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, plantea que el Ejecutivo pueda crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional. Así, las modificaciones no tendrían que surtir un trámite legislativo independiente en cada caso.
El texto también contempla cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. Incluye la posibilidad de redistribuir recursos humanos y presupuestales, ajustar plantas de personal, reasignar competencias y reestructurar organismos nacionales.
La autorización tendría límites expresos. Los decretos no podrían generar un aumento del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación ni crear tributos, modificar la regla fiscal o cambiar el régimen salarial de los servidores públicos.
La Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos quedarían excluidos de la reorganización. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales tampoco estarían cobijados por las decisiones previstas en la iniciativa.
Meta de reducción ministerial
Los promotores estiman que la reorganización podría producir un ahorro permanente de 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.
La discusión coincide con el plan del Gobierno de reducir de 18 a 13 el número de ministerios como parte de una estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, sin precisar cuáles dependencias entrarían en ese proceso.
Tras su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República. El plan contemplaba eliminar dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, además de reducir 229 cargos.
El 28 de agosto, el presidente ordenó una revisión integral de la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento. Como antecedente, la Ley 790 de 2002 otorgó facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, al pasar de 16 a 13. El proyecto actual deberá completar su trámite legislativo antes de que las facultades propuestas puedan aplicarse.
