El Congreso de la República enfrenta su recta final para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, con un plazo que vence el 25 de septiembre. Hasta ahora, el debate ha estado marcado por retrasos, denuncias y acusaciones de maniobras políticas, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de que el país entre en 2026 sin una discusión seria sobre las cuentas públicas.
El senador Efraín Cepeda advirtió sobre el riesgo de una estrategia de romper el quórum, lo que permitiría que, por defecto, entre en vigencia el proyecto del Gobierno sin debate ni ajustes, una situación que calificó como una “dictadura fiscal”. Para Cepeda, el Congreso quedaría “pintado en la pared” si se permite que el presupuesto se apruebe de manera automática.
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Por su parte, la representante Olga Lucía Velásquez recordó que en 2024 el Senado no logró quórum, impidiendo la votación del presupuesto. Aunque este año hay voluntad política, la Comisión Tercera de Cámara ya sufrió la misma falta de asistencia. Esta dinámica refleja el pulso político en el que cada bancada busca beneficios antes de ceder su voto.
En la Cámara, la representante Carolina Arbeláez pidió más recursos para la Registraduría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entidades clave para garantizar las elecciones de 2026. También criticó la baja ejecución del Ministerio de la Igualdad, que en 2024 no alcanzó ni el 4% de ejecución, y propuso eliminar esta cartera.
En tanto, el representante Cristian Garcés denunció que el Valle del Cauca es el penúltimo departamento en inversión per cápita, con apenas $900.000 por persona. Señaló incumplimientos en proyectos como el dragado de Buenaventura, el tren de cercanías Cali–Jamundí y la modernización del aeropuerto internacional de Cali.
El presidente del Senado, Lidio García, calificó el proyecto como “dramático para Colombia” y advirtió que no puede aprobarse por decreto. También descartó una nueva reforma tributaria, instando al Gobierno a buscar recursos en la baja ejecución de varios ministerios.
El debate adquiere una dimensión económica crucial: con un presupuesto de $557 billones, el retraso genera incertidumbre en los mercados, afecta la confianza de los inversionistas y puede encarecer la deuda pública. Además, programas sociales, transferencias a los territorios y proyectos de infraestructura podrían frenarse si no hay claridad en la asignación de recursos.
Así las cosas, al Congreso le quedan horas y no días para decidir el futuro del Presupuesto 2026. Si no hay aprobación en primer debate antes del 25 de septiembre, el país enfrentará un escenario inédito: que el proyecto original del Ejecutivo entre en vigencia sin deliberación ni modificaciones, enviando un mensaje de división e improvisación en un momento de fragilidad fiscal.
