En un fallo histórico para la justicia colombiana, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El otrora presidente de la corporación fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en el marco del escándalo conocido como el «Cartel de la Toga», una red de corrupción donde altos magistrados recibían sobornos a cambio de favorecer a políticos en sus procesos judiciales.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia impone una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de 10 años y una multa superior a los 133 millones de pesos. La gravedad de los hechos llevó a la Corte a negar cualquier beneficio de casa por cárcel o suspensión condicional de la pena, subrayando que Bustos debe cumplir su sanción en un centro de reclusión determinado por el Inpec.
Dada la actual situación del sentenciado, quien se encuentra fuera del país, la justicia ordenó de manera inmediata su captura y la emisión de una circular roja de Interpol. Esta medida busca que el exmagistrado sea localizado y extraditado para que responda por el sistema criminal que lideró y que, según la providencia, socavó la confianza de los ciudadanos en las instituciones más altas del Estado.
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Expertos consultados por Nación Colombia señalan que esta condena cierra uno de los capítulos más oscuros del poder judicial. La evidencia recaudada demostró cómo Bustos utilizó su investidura para negociar procesos, trabajando de la mano con abogados y otros funcionarios para desviar expedientes de alto perfil. Con esta decisión, la Corte Suprema envía un mensaje contundente de «cero tolerancia» frente a la corrupción interna, buscando resarcir el daño causado a la integridad de la magistratura.
