Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, ha sido condenado por corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Corte Suprema de Justicia lo halló culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El contrato, suscrito en 2015 con el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo por cerca de 17.145 millones de pesos, mostró múltiples irregularidades, incluyendo la falta de proceso licitatorio, sobrecostos y direccionamiento. El fallo subrayó que Monsalvo Gnecco tenía pleno conocimiento de estas anomalías y aun así permitió su realización. Se destacó la gravedad de las irregularidades desde el inicio del proceso de licitación, lo que resultó en una defraudación de los recursos públicos. La sentencia será anunciada el 18 de marzo, y se espera que la defensa solicite una pena máxima de 15 años de prisión, argumentando que Monsalvo Gnecco siempre ha demostrado disposición para asistir a las audiencias. Sin embargo, otros sujetos procesales piden que se considere la gravedad de los hechos y el impacto en la calidad de vida de los menores afectados por el PAE.
La investigación reveló que Monsalvo Gnecco, quien ocupó el cargo de gobernador del Cesar en dos ocasiones, estuvo involucrado en la celebración de un contrato millonario para el suministro de alimentos en las instituciones educativas del departamento. Este contrato, según la Corte Suprema, estuvo plagado de irregularidades desde su inicio, incluyendo la falta de un proceso licitatorio transparente y la adjudicación a un consorcio sin los requisitos legales adecuados.
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Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el fallo fue el sobrecosto significativo en la adquisición de alimentos, como el caso de un kilo de hígado adquirido a un precio mucho más elevado que su valor de mercado. Estas prácticas fraudulentas generaron un detrimento patrimonial al departamento y afectaron la calidad de la alimentación proporcionada a los estudiantes.
La sentencia, que se espera sea ejemplar, envía un fuerte mensaje contra la corrupción en la administración pública y refuerza la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación gubernamental.