Condena a José Facundo Castillo; La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por direccionar irregularmente dos contratos durante su primer período en el que ejerció el cargo. En los próximos días se conocerán los años de prisión que le esperan.
La investigación reveló que el exgobernador direccionó dichos contratos, cuyo objeto era la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca.
En ese contexto, la Fiscalía estableció que ambos contratos fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales, con la única intención de beneficiar a oferentes específicos.
Por esa razón, la contratación no estuvo precedida de estudios técnicos serios y completos para determinar costos, valores, alternativas y precios reales de mercado, afectando los principios de legalidad, economía, transparencia y planeación.
Por ello fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario.
(También le puede interesar: Capturan a alias “Teta” por crimen de Sara Millerey)
El exgobernador, por otra parte, es investigado porque presuntamente, durante sus dos períodos, habría pactado un acuerdo financiero con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a través de contratos estatales, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.
Estas acciones fueron consideradas por el fiscal del caso como hechos no aislados, sino parte de un «proyecto delictivo» que lleva años enquistado en la sociedad araucana, lo cual justifica la medida privativa de la libertad para garantizar los fines constitucionales y llegar a la verdad.
Según la Fiscalía, entre 2012 y 2015, José Facundo Castillo entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega, alias «El Gordo Giovanni», por un total de $5.300 millones, para estudios de vías, proyectos de espacio público e infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir con los requisitos legales, siendo manejados por la guerrilla del ELN para financiar sus estructuras y mantener el control territorial y social en la región.
Además, durante ese periodo, el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero y porcentajes de la contratación, movilizando incluso a campesinos para que votaran a su favor en las elecciones regionales.
Entre 2019 y 2021, se consolidó el poder político y económico de Castillo dentro del ELN, cuyos milicianos estaban al servicio de su seguridad personal y administración de sus fincas, según la Fiscalía.
Los acuerdos ilícitos consistían en la entrega de entre $1.000 y $2.000 millones tras ser electo, una comisión del 10 % de cada contrato adjudicado y el suministro de información militar confidencial, incluyendo zonas desmilitarizadas para la realización de actividades ilícitas.
(Colprensa)
