La aprobación del Acuerdo 340 en el Concejo de Bogotá ha desatado una tormenta jurídica y política. Mientras organizaciones como Profamilia y diversos sectores progresistas solicitan al alcalde Carlos Fernando Galán que objete la iniciativa por considerarla «inconstitucional», su principal defensora, la concejal Clara Sandoval, salió al paso de las críticas asegurando que existe una campaña de «desinformación» sobre el articulado. Según Sandoval, el acuerdo no impone exámenes psicológicos obligatorios ni crea barreras adicionales para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La polémica se centra en la implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial con énfasis en salud mental para mujeres gestantes. Para Profamilia, este lenguaje es una «traba encubierta» que desconoce la Sentencia C-055 de 2022, la cual garantiza el derecho al aborto hasta la semana 24. No obstante, Sandoval argumenta que el texto es explícito al señalar que estas medidas se aplicarán «garantizando el respeto por la voluntad de las madres» y que el objetivo es ofrecer una atención integral ante la crisis de salud mental que vive la ciudad.
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Sandoval citó un aumento del 47 % en conductas suicidas en mujeres de Bogotá para justificar el enfoque del proyecto. La concejal asegura que fortalecer la información no restringe la libertad, sino que permite decisiones «completas, claras y oportunas».El acuerdo se apoya en la tesis de la Corte sobre la «protección gradual de la vida del que está por nacer», proponiendo alternativas a la IVE sin prohibirla.
Pese a que el texto incluye salvaguardias como la frase «sin atentar contra la voluntad de la madre», Profamilia advirtió que el acuerdo vulnera la Constitución y el Acuerdo 879 de 2023. La organización de salud recordó a la ciudadanía que la IVE sigue siendo un derecho fundamental que debe ser garantizado por las EPS sin requisitos adicionales. La decisión final está ahora en manos del Palacio de Liévano, donde el alcalde Galán deberá decidir si sanciona la norma o le da la razón a quienes ven en ella un retroceso en los derechos reproductivos.
Colprensa
