La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Castelblanco, por su posible responsabilidad en la convocatoria y liderazgo de las protestas protagonizadas por taxistas y motociclistas en septiembre de este año.
De acuerdo con la información recopilada por el ente de control, Forero habría instado a distintos gremios del transporte, entre ellos conductores de taxi y moto, a participar activamente en manifestaciones contra la administración distrital. Las protestas culminaron el 16 de septiembre con bloqueos en corredores principales, generando caos en la movilidad y afectando a miles de ciudadanos.
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Además de estos hechos, el Ministerio Público también investiga una presunta agresión verbal por parte del concejal a un periodista de un medio local, quien intentaba realizar una entrevista en plena jornada de protestas. El comportamiento del funcionario quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
¿Qué está verificando la Procuraduría?
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas clave para establecer si el concejal abusó de su investidura como servidor público para fomentar alteraciones del orden público. También se busca determinar si su actuación frente al periodista constituye una falta a los principios de respeto, libertad de prensa y comportamiento ético.
Aunque la investigación se encuentra en etapa preliminar, ya genera debate en la ciudad sobre el papel que deben jugar los funcionarios electos frente a manifestaciones ciudadanas. La línea entre representar los intereses de la comunidad y alterar el orden institucional es, a menudo, estrecha.
De comprobarse una falta disciplinaria, el concejal Forero podría enfrentar sanciones que van desde amonestaciones verbales hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Este proceso también reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta social y las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos de actuar conforme a la ley y el respeto a los derechos de terceros, especialmente en una ciudad tan compleja como Bogotá.
