El 9 y 10 de septiembre de 2020 marcaron uno de los capítulos más trágicos del llamado “estallido social” en Colombia. Tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía Nacional, se desataron protestas en Bogotá y Soacha que dejaron 13 jóvenes asesinados y cientos de heridos. Cinco años después, la mayoría de esos homicidios permanecen en la impunidad, mientras las familias siguen clamando justicia.
El caso de Javier Ordóñez avanzó con rapidez. En abril de 2021, un juez condenó a Juan Camilo Lloreda a 20 años de prisión tras aceptar cargos de homicidio y tortura agravada. En diciembre de 2023, Harvy Damián Rodríguez Díaz recibió una pena de 40 años de cárcel por los mismos delitos. Ambos fueron hallados responsables de la golpiza y uso excesivo de fuerza que acabaron con la vida del joven abogado en el CAI de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.
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Sin embargo, esa celeridad contrasta con los demás procesos. El caso de Julieth Ramírez, una joven de 18 años que murió por un disparo mientras estudiaba psicología, continúa en indagación porque nunca se halló el proyectil que le quitó la vida, a pesar de los videos que señalan a uniformados como responsables. Situación similar ocurre con Cristian Hernández y Freddy Alexánder Mahecha Vásquez, cuyos procesos avanzan lentamente por falta de identificación del arma.
La Procuraduría también ha sido cuestionada. La entidad absolvió al capitán Samir Alexis Gómez Cristancho, señalado en el caso de Julieth, decisión tomada por la procuradora Lina María Vega Sarmiento, recientemente destituida. Para los familiares de las víctimas, esta falta de sanciones disciplinares agrava la percepción de impunidad.
Algunos procesos sí han tenido avances. El homicidio de Anthony Gabriel Estrada, ciudadano venezolano asesinado en Soacha, está en juicio tras demostrarse que la bala salió del arma del uniformado Óscar Alexander Márquez Rojas, también investigado junto a Wilmer Andrés Ricardo de Pinilla por ocultamiento de pruebas. Asimismo, el patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia enfrenta juicio por el homicidio de Angie Baquero, ocurrido en inmediaciones del CAI Aures, en Suba.
Otro caso en juicio es el de Germán Puentes, asesinado durante un cacerolazo en el CAI Rincón, donde el patrullero Eduardo Díaz Mercado fue imputado por homicidio y busca un preacuerdo con la Fiscalía.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la lentitud de la justicia envía un mensaje preocupante. “En un estado social de derecho, la fuerza pública debería ser ejemplo en el respeto de los derechos humanos, pero aquí vemos lo contrario y sin un mensaje contundente de la Fiscalía y la Procuraduría”, señaló la abogada July Henríquez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
A cinco años del 9S, el contraste es claro: mientras los responsables de la muerte de Ordóñez recibieron condenas, la mayoría de los otros homicidios siguen en indagación. Para las familias, este aniversario refleja que en Colombia los crímenes de Estado rara vez encuentran justicia y que la impunidad sigue siendo la regla.
Colprensa
