La ministra de Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, arribó este sábado al departamento de Nariño, con el propósito de llegar hasta el Puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para enterarse de primera mano de la deportación de un grupo de ciudadanos colombianos presos en ese país, luego de que Bogotá considerara ese acto como un «gesto inamistoso» por parte de Quito, debido a que no hubo protocolos ni acuerdos de entrega.
«Un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio), se desplaza al Puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, para recibir a los connacionales expulsados por el Estado ecuatoriano y para acompañar a los gobiernos territoriales en esta contingencia», precisó la Cancillería desde sus redes sociales.
Al menos 150 colombianos fueron trasladados por autoridades ecuatorianas a la frontera y entregados a las autoridades en ese paso limítrofe, un día después de que el Ministerio de Exteriores informara sobre la decisión de Ecuador de deportar presos colombianos, y de que se hablara de la necesidad de establecer un mecanismo para recibir a las personas expulsadas.
La decisión del gobierno de Daniel Noboa de no esperar esos protocolos ni llegar a acuerdos con Bogotá, y proceder a las deportaciones, desató la molestia en Cancillería, que se pronunció al respecto mediante un comunicado.
(También le puede interesar: Críticas a Petro por sugerir control a medios)
«Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país», precisó la noche del viernes Cancillería.
El gobierno denunció además que Ecuador ejecutó la expulsión de los reos sin que estuvieran plenamente identificadas las personas dotadas, no se verificara su situación jurídica, de manera que se incumplió con «las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
Luis Alfonso Escobar, gobernador Nariño, dijo este sábado desde sus redes sociales que los «organismos defensores de Derechos Humanos deben ser garantes de estos procedimientos» de deportación y reclamó por mecanismos de entrega.
«Se debe fortalecer la comunicación interinstitucional que facilite el desarrollo de estas medidas y así cumplir con los roles correspondientes a cada entidad territorial», manifestó Escobar, que también envió a Ipiales a funcionarios de la Secretaría de Gobierno departamental para ayudar en la atención de esta situación.
(Colprensa)
