Campesinos y autoridades del norte del Tolima se mantienen en protesta contra la nueva ley de tierras impulsada por el Gobierno Nacional, la cual busca establecer áreas de protección agrícola.
La inconformidad se agudizó luego de la sesión ante la Corte Constitucional, donde mandatarios locales, regionales y el Ministerio de Agricultura presentaron sus argumentos a favor y en contra. Los alcaldes y campesinos opositores anunciaron una reunión este miércoles en el municipio de Falan para analizar el panorama y unificar su voz de rechazo.
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El debate no solo se concentra en el Tolima. Gobernadores y alcaldes de Antioquia, Tolima y Cundinamarca aseguran que la medida representa una forma de expropiación encubierta, pues limitaría la autonomía de los campesinos al imponerles qué y cómo producir en sus tierras. En consecuencia, solicitaron a la Corte declarar la norma inexequible.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la iniciativa bajo la ley 2294 de 2023, señalando que busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger suelos fértiles frente al crecimiento urbano. No obstante, delegaciones como la de la alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva, reclamaron que no se escucharan todas las voces regionales: “Las decisiones tomadas en escritorios capitalinos no reflejan la realidad de los territorios”, manifestó.
En el mismo sentido, Amparo Galvis, de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas de Falan, afirmó que la propuesta debe replantearse: “No nos oponemos a la seguridad alimentaria, pero esta política no va a funcionar en el área rural”.
Por su parte, el alcalde de Falan, Forney Munevar, advirtió que ni el Ministerio ni la UPRA han consultado a las comunidades: “Vienen solo a informarnos, nunca nos han pedido ideas ni han visitado las veredas”, expresó.
La reunión de este miércoles en Falan, Tolima, busca definir acciones frente a la medida, que ya ha generado polémica en otros territorios, como ocurrió con la declaratoria de más de 1.900 hectáreas agrícolas en Sopó, Cundinamarca.
