La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió sobre los riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda que podría generar el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, el cual propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y prohibir su referencia al salario mínimo desde las etapas iniciales de comercialización. Según el gremio, la medida no reduciría el valor de las viviendas y, por el contrario, provocaría menor oferta y mayores barreras para miles de familias.
Camacol señaló que esta propuesta introduce un control artificial de precios y desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la vivienda tanto en pesos como en salarios mínimos, estableciendo que el precio definitivo es el que rige al momento de la escrituración. “El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda”, afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
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El gremio recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato, ya que su desarrollo puede tardar entre cuatro y cinco años, periodo en el que se presentan variaciones en costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y regulaciones. En este contexto, modificar las reglas de fijación de precios desde las etapas iniciales afectaría el acceso de los hogares a subsidios, créditos hipotecarios y tasas preferenciales, los cuales se calculan con base en el valor de la vivienda al momento de la escritura.
Además, Camacol advirtió que esta discusión se da en medio de una fuerte presión sobre los costos del sector, tras el incremento del 23 % del salario mínimo, lo que podría elevar entre 10 % y 15 % los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda. Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno para abordar el tema desde un análisis técnico y responsable, reiterando su compromiso con el acceso a vivienda digna, la generación de empleo y la estabilidad del sector constructor.
