Una red criminal integrada por funcionarios activos, exservidores públicos y particulares quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que permitió la captura de nueve presuntos integrantes en operativos realizados en cuatro departamentos del país. De acuerdo con el ente acusador, el grupo exigía entre 400 y 1.000 millones de pesos para direccionar procesos judiciales por lavado de activos, frenar órdenes de captura y evitar medidas de extinción de dominio.
La Fiscalía explicó que la investigación fue liderada por un Grupo de Tareas Especiales, creado luego de detectar indicios de corrupción interna. Las indagaciones permitieron establecer que el entramado operó durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, relacionados con el uso indebido de información reservada y el abuso de funciones de policía judicial.
Entre los capturados se encuentran cuatro integrantes de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.
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También fueron detenidos dos funcionarios del CTI, Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como tres exfuncionarios de la Policía y del Inpec, quienes, según la Fiscalía, continuaron participando en las exigencias económicas pese a no estar en servicio activo.
De acuerdo con el ente investigador, los señalados aprovecharon los cargos que desempeñaron para presionar a un ciudadano condenado en Estados Unidos y a su familia, con el fin de impedir medidas cautelares, frenar órdenes de captura e influir indebidamente en actuaciones judiciales.
La Fiscalía también documentó reuniones presenciales en Bogotá y Villavicencio, eliminación de evidencias, constreñimiento a testigos e incluso intimidaciones contra un funcionario líder del caso. Por estos hechos, los capturados serán imputados por delitos como concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de autoridad, entre otros.
Colprensa
