Bogotá enfrenta una inminente crisis laboral que podría revertir años de progreso en materia de ocupación. Según un reciente estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico, se proyecta la pérdida de 110.000 empleos en la ciudad durante este año, como consecuencia directa del incremento del 23,7% en el salario mínimo (incluyendo auxilio de transporte) decretado por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta cifra es alarmante, pues equivale a casi la totalidad de los puestos de trabajo que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se propuso crear para todo su cuatrienio (2024-2027).
La medida impactará con mayor severidad a sectores que dependen intensivamente de la mano de obra, como los restaurantes, el comercio, la construcción y la industria manufacturera. Tras haber cerrado el 2025 con una tasa de desempleo histórica del 7%, la más baja desde 2007, la capital entraría ahora en una tendencia negativa. Además de la destrucción de puestos formales, la secretaria María del Pilar López Uribe advirtió que el alza desproporcionada empujará a miles de trabajadores hacia la informalidad laboral, precarizando las condiciones de vida de las familias bogotanas.
En el ámbito macroeconómico, el estudio señala que el crecimiento económico de Bogotá se verá afectado en 0,5 puntos porcentuales, una cifra significativa para la competitividad de la región. La decisión del Ejecutivo no solo golpea al sector privado; el Distrito también se verá obligado a recortar inversiones estratégicas para cubrir el aumento en la nómina pública y los costos operativos derivados del ajuste. Esta «sorpresa» fiscal de fin de año ha generado un clima de incertidumbre entre los gremios, quienes aseguran que el costo de contratación se ha vuelto insostenible para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
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Frente a este panorama, la Secretaría de Desarrollo Económico busca estrategias para mitigar el impacto, aunque reconoce que el margen de maniobra es limitado ante un decreto nacional de tal magnitud. La brecha entre la productividad y el costo salarial se ha ensanchado, lo que podría derivar en un estancamiento de la inversión extranjera en la capital. La ciudad, que venía siendo el motor de la recuperación económica del país, ahora debe priorizar la protección del tejido empresarial para evitar que la cifra de desempleados supere las proyecciones iniciales del estudio.
