El salario mínimo cumple la función de ser el piso legal para los trabajadores formales, sin embargo, expertos advierten que cualquier incremento debe sustentarse en un análisis riguroso de la coyuntura laboral, productiva e inflacionaria, con el fin de evitar efectos negativos sobre el empleo, la formalización y el bienestar de los hogares colombianos.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 11,4 millones de personas, equivalentes al 49% de los ocupados, perciben ingresos inferiores al salario mínimo, en su mayoría en condiciones de informalidad laboral. Además, solo 2,4 millones de trabajadores, es decir, el 10% de los ocupados, reciben exactamente un salario mínimo.
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El panorama resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que en el último año aumentó en 1,2 millones el número de personas que ganan menos de un salario mínimo, mientras que 1,3 millones dejaron de recibir exactamente un mínimo, lo que evidencia un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización en el país.
En este contexto, Asobancaria advirtió que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad impacta directamente los precios. Según sus cálculos, por cada punto porcentual que supere los criterios técnicos, la inflación puede aumentar entre 10 y 16 puntos básicos.
Así, con un incremento del 22,7% para 2026, el impacto inflacionario estaría entre 165 y 263 puntos básicos, limitando la acción del Banco de la República y abriendo la puerta a posibles alzas en las tasas de interés, lo que encarecería el crédito, frenaría la inversión y podría incentivar la informalidad, afectando especialmente a los trabajadores más vulnerables.
