La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha manifestado una profunda preocupación ante un proyecto de decreto que pretende modificar los servicios de giros postales. Según el gremio, la normativa permitiría que los operadores postales capten recursos del público sin cumplir con el rigor regulatorio exigido a los bancos. Esto generaría un vacío legal peligroso, ya que estas entidades no están bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema.
Uno de los puntos más críticos señalados es el arbitraje regulatorio. Al habilitar las «cuentas postales» con requisitos más laxos, se debilita la gestión de riesgos y la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). A diferencia de los ahorros en entidades bancarias tradicionales, estos depósitos en operadores postales no contarían con seguro de depósito, dejando el riesgo de pérdida de recursos directamente sobre los hombros del ciudadano en caso de una contingencia.
Por su parte, el Banco de la República se sumó a las alertas, señalando que esta iniciativa podría frenar el avance de los pagos inmediatos en el país. Específicamente, se advierte un impacto negativo en el desarrollo de Bre-B, el ecosistema de interoperabilidad nacional. Al fragmentar el sistema de pagos e incentivar el uso de efectivo, el decreto no solo distorsionaría la competencia, sino que debilitaría la confianza del público en la digitalización financiera.
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Finalmente, tanto Asobancaria como la Superintendencia Financiera coinciden en que la falta de requerimientos patrimoniales equivalentes para los operadores postales representa una amenaza para la liquidez del mercado. Ante este panorama, el gremio ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional abstenerse de expedir el decreto, argumentando que su implementación resulta inconveniente para la seguridad económica de Colombia y la integridad del ecosistema financiero.
