Las autoridades arrestaron este viernes en Barranquilla al polémico contratista Emilio Tapia, en respuesta a la determinación de un juez de Bogotá que revocó el beneficio de libertad condicional que lo cobijaba.
Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y quien también resultó salpicado en el escándalo de Centros Poblados, había logrado en abril pasado su libertad condicional. Sin embargo, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá consideró que existían al menos dos razones para ordenar su recaptura, en una decisión tomada el pasado 10 de octubre.
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“Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec”, señaló un aparte de la decisión, de 25 páginas.
El juzgado estimó que los delitos cometidos por el contratista en el cartel de la contratación en Bogotá eran lo suficientemente graves como para impedirle acceder nuevamente a la libertad condicional.
Añadió que Tapia reincidió en otros hechos de corrupción, como el caso de Centros Poblados, conocido en agosto de 2021 y relacionado con un contrato millonario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), que buscaba llevar internet a escuelas rurales del país.
Sin embargo, los centros digitales nunca fueron instalados y se esfumaron $70.000 millones que la cartera TIC había girado como anticipo, lo que derivó en investigaciones disciplinarias y judiciales en las que Tapia volvió a estar involucrado.
En diciembre de 2024, Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados y en irregularidades contractuales en Emcali.
El empresario, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, comprometiéndose a colaborar con la justicia y a reintegrar $5.063 millones que había apropiado ilícitamente.
La investigación reveló que en 2020 Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en la licitación pública del MinTIC por un billón de pesos, mediante la creación de la Unión Temporal Centros Poblados, compra de experiencia a otras empresas y uso de pólizas bancarias falsas.
Tras recibir un anticipo de más de $70.000 millones, el contratista destinó $5.063 millones a gastos personales, incluyendo obras de arte, vehículos y honorarios legales.
En 2021 replicó el esquema al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali por $3.798 millones y $2.414 millones, destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino.
Para obtener los contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito requerido, induciendo a error a funcionarios de Emcali que aprobaron la contratación. Estos hechos configuraron nuevamente delitos que llevaron a la condena impuesta.
