La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) ha lanzado una contundente advertencia sobre la sostenibilidad del sector eléctrico en Colombia tras la expedición del Decreto 044 de 2026. Esta normativa, emitida bajo la emergencia económica del Decreto 1390 de 2025, impone nuevos tributos a las generadoras que, según el gremio, vulneran la estabilidad financiera y la confianza institucional. Entre las medidas más polémicas se encuentra una contribución parafiscal calculada sobre la utilidad antes de impuestos, cuyo recaudo estimado asciende a los $300 mil millones, impactando directamente la caja de las empresas del sector.
La situación es crítica debido a que los generadores térmicos ya enfrentan un millonario hueco financiero. Actualmente, mantienen acreencias con la empresa intervenida Air-e que superan los $1,2 billones, sumado a otros $500 mil millones en deudas con el resto de la cadena de suministro. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, denunció que el decreto obliga prácticamente a los generadores a pagar su propia deuda, lo que desincentiva la inversión privada y pone en riesgo la confiabilidad del sistema que ha evitado apagones en las últimas décadas.
Adicionalmente, el decreto establece una contraprestación tributaria transitoria para los generadores hidráulicos. Estos deberán entregar un porcentaje de su energía vendida en bolsa para auxiliar a las empresas intervenidas en el Caribe (Atlántico, Magdalena y La Guajira), a cambio de descuentos en el impuesto de renta. No obstante, ANDEG señala que estos «cruces de cuentas» no ofrecen una solución estructural a la crisis de Air-e, que ya cumple más de 17 meses bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos sin mostrar resultados sostenibles.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/gustavo-petro-ordena-un-centro-de-inteligencia-tras-la-imposicion-de-aranceles-de-ecuador/
Ante este panorama, el gremio ha solicitado la intervención urgente de la Corte Constitucional para revisar la legalidad de estos decretos. Según Castañeda, las medidas presentan vicios de ilegalidad al trasladar cargas financieras ajenas a los agentes generadores, lo que agrava el riesgo sistémico en el país. De no frenarse estas disposiciones, la continuidad del servicio de energía eléctrica podría verse comprometida, afectando no solo a las empresas, sino a la economía de millones de hogares colombianos que dependen de un sistema eléctrico robusto y estable.
