El Gobierno Nacional ha oficializado un cambio trascendental en su gabinete con la designación de Alfredo Acosta Zapata como el nuevo ministro de la Igualdad y Equidad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. La hoja de vida de Acosta, quien se ha destacado como un emblemático líder de la guardia indígena, ya fue publicada en el portal oficial de la Presidencia de la República. Este nombramiento se produce tras la solicitud de renuncia de Florián por parte del presidente Gustavo Petro, motivada por fuertes cuestionamientos sobre la baja ejecución presupuestal y la gestión administrativa de dicha cartera.
El perfil del nuevo ministro ha generado una polarización inmediata en el sector político debido a su formación y trayectoria. Según los registros oficiales, Acosta Zapata cuenta únicamente con estudios de bachillerato y no posee experiencia previa en cargos del sector público. No obstante, su currículo acredita una vasta trayectoria de más de 14 años como Coordinador Nacional de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y dos décadas de liderazgo comunitario, factores que el Ejecutivo valora como una representación genuina de las bases sociales y los territorios históricamente excluidos.
Acosta Zapata es ampliamente reconocido por su papel estratégico en la operación de búsqueda y rescate de los cuatro niños indígenas perdidos en la selva del Guaviare, donde coordinó la alianza entre la guardia indígena y el Ejército Nacional. Su capacidad operativa y conocimiento del territorio son los pilares de su defensa por parte del Gobierno. Sin embargo, la congresista Katherine Miranda y otros sectores de la oposición han reprochado duramente el nombramiento, señalando que la falta de estudios técnicos y universitarios podría dificultar el manejo de un ministerio con retos administrativos tan complejos.
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La llegada de Alfredo Acosta al Ministerio de la Igualdad marca un hito en la representación de los pueblos originarios en las altas esferas del poder ejecutivo en Colombia. El reto inmediato del nuevo ministro será demostrar que su experiencia en el liderazgo social y territorial es suficiente para dinamizar la ejecución de proyectos que cierren la brecha social en el país. Mientras el Gobierno defiende la democratización del gabinete, los sectores críticos anuncian un estricto control político sobre su gestión, poniendo el foco en la capacidad técnica para administrar los recursos de la entidad.

