Resolución ambiental que afecta proyectos
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha manifestado su preocupación por la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente que redefine la estructura ecológica de la Sabana de Bogotá. Según el mandatario, esta medida podría afectar significativamente el desarrollo de la ciudad y vulnerar la autonomía territorial consagrada en la Constitución.
Galán argumenta que la resolución, tal como fue formulada, viola la ley y la Constitución, además de incumplir el Acuerdo de Escazú, que establece las reglas para definir procesos ambientales. El alcalde enfatizó que esta decisión fue tomada sin la debida coordinación con las autoridades locales, lo que representa una imposición unilateral por parte del Gobierno Nacional.
Entre las principales preocupaciones del alcalde se encuentra el impacto en proyectos estratégicos para la ciudad. La resolución podría poner en riesgo la ejecución de la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, ya que los patios y talleres necesarios para su operación estarían ubicados en zonas ahora categorizadas como humedales. Además, otras iniciativas como el Regiotram de Occidente, la Troncal de la Calle 13 y la ampliación del aeropuerto El Dorado también podrían verse afectadas.
La medida también tendría implicaciones directas sobre las viviendas de miles de ciudadanos. Se estima que más de 600.000 personas en 138 barrios de localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba podrían verse afectadas, ya que sus predios quedarían señalados bajo una condición de «humedales». Esto incluye a 172.000 familias, 30.000 viviendas nuevas recientemente entregadas y otras 120.000 en construcción.
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Galán también destacó que la resolución podría paralizar proyectos de infraestructura esenciales para la movilidad y el desarrollo de Bogotá. Obras como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la prolongación de la Calle 63, el proyecto Ciudad-Aeropuerto, la Avenida Suba-Cota, el cable a La Calera y el corredor de la Carrera Séptima podrían quedar en el limbo debido a las nuevas restricciones impuestas.
El alcalde hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que retire el proyecto de resolución e inicie un proceso de diálogo que cumpla con la ley y tenga en cuenta a las diferentes entidades y a toda la ciudadanía, no solo a un sector. Galán enfatizó la importancia de construir colectivamente decisiones que permitan reducir el riesgo de afectación al medio ambiente y garantizar un desarrollo adecuado que respete la estructura ecológica principal.
En caso de que el Gobierno Nacional no atienda su solicitud, el alcalde anunció que acudirá a acciones legales de tipo administrativo y penal para defender los derechos de los habitantes de Bogotá y la autonomía territorial de la ciudad. Además, convocará al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes afectados para trabajar articuladamente en exigir que la Nación tenga en cuenta a los territorios y no imponga sus decisiones sin la debida consulta y coordinación.
La situación ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo urbano en Bogotá, resaltando la necesidad de procesos participativos y coordinados en la toma de decisiones que afectan a millones de ciudadanos.
