Contratación directa en Afinia; Mediante un derecho de petición enviado por la Unidad Investigativa de Nación Colombia y Nación Costeña, la empresa Afinia, que presta el servicio de energía en la Costa Caribe, reconoció públicamente que tiene disponibles alrededor de 900 mil millones de pesos cada semestre para contratación, presuntamente, sin necesidad de realizar licitaciones públicas.
De otro lado, La empresa Afinia ha dicho que está en crisis y que debe “apagar” varios municipios, pero según la información entregada sabemos que tienen cerca de 1.8 Billones de pesos anuales para ejecutar; lo que significa un presupuesto de $900.000 millones de pesos semestrales, $150.000 millones mensuales, $5.000 millones diarios, $208 millones por hora y $3´466.666 de pesos por minuto para realizar todo tipo de actividades y mejoras en pro de ofrecer un servicio de excelencia en toda la costa caribe.
En la respuesta, la compañía —cuyo nombre jurídico es Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.— explicó que, presuntamente, no está obligada a acogerse a la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia. En su lugar, presuntamente, aplica el régimen de derecho privado que le permite realizar contrataciones directas o «a dedo», como lo han calificado críticos del modelo.
(También le puede interesar: Trabajadores de Afinia lanzan campaña por un “acuerdo sostenible”)
El argumento jurídico de Afinia se basa en que es una empresa de naturaleza mixta, sujeta a la Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios y permite actuar bajo normas comerciales. Esto le da la posibilidad de contratar sin procesos licitatorios, a pesar de manejar fondos públicos y recursos estratégicos en una región históricamente afectada por la deficiencia del servicio eléctrico.
Uno de los datos más llamativos del informe sigue siendo que la empresa planea ejecutar cerca de 900 mil millones de pesos en cada semestre del 2025, con afectación presupuestal hasta el 2028. Sin embargo, no existe una obligación de publicar licitaciones, lo que presuntamente abre la puerta a contrataciones discrecionales sin mayor control ciudadano o estatal.
En su comunicado, la empresa afirma que los contratos y planes de compra están disponibles en su sitio web, pero la falta de licitación pública ha despertado preocupación por la transparencia y el destino de los recursos.
«No desarrollamos licitaciones públicas de acuerdo al régimen de la Ley 80», reconoce textualmente la respuesta al derecho de petición. Esta práctica, aunque legal, ha sido calificada por analistas como escandalosa debido al monto de dinero manejado y a las condiciones sociales de los departamentos beneficiarios del servicio: Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y parte del Magdalena.
