En un inesperado giro político y judicial, la Administración de Donald Trump decidió retirar su propuesta de crear el controvertido fondo de compensación de Trump, una reserva de 1.776 millones de dólares que buscaba indemnizar a quienes la Casa Blanca calificaba como víctimas de una «persecución» judicial durante el gobierno de Joe Biden.
La medida, que había encendido las alarmas en Washington, abría la puerta en la práctica para que los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 —indultados por el mandatario en su primer día de regreso al poder— recibieran millonarias reparaciones económicas por parte del Estado. Sin embargo, apenas dos semanas después de su anuncio, el Departamento de Justicia confirmó que acatará los fallos de los tribunales que frenaron la iniciativa.
El laberinto judicial y el pacto que levantó sospechas
El colapso de la iniciativa se aceleró tras dos decisiones judiciales simultáneas. Por un lado, una jueza federal suspendió temporalmente la puesta en marcha de la reserva económica. Casi al mismo tiempo, en Florida, otra magistrada ordenó reabrir una antigua demanda del propio Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El origen del millonario presupuesto nació de un trato peculiar: el mandatario exigía 10.000 millones de dólares al Estado por la filtración de sus datos fiscales a la prensa, pero aceptó retirar la demanda a cambio de que el Gobierno creara este fondo de 1.776 millones de dólares. La jueza de Florida determinó que este acuerdo, que incluía beneficios tributarios para el presidente y su familia, levantaba serias sospechas de «manipulación del sistema judicial», obligando al Departamento de Justicia a congelar el proceso.
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Rebelión interna en el Partido Republicano
Más allá de los estrados judiciales, el proyecto enfrentó un duro golpe político provocado por una creciente resistencia dentro de las filas republicanas. Una de las voces más contundentes en sumarse al rechazo fue la del exvicepresidente Mike Pence, quien calificó la idea como «profundamente ofensiva».
«Me resulta profundamente ofensivo que pueda existir algo que, siquiera potencialmente, compense a personas que agredieron a agentes de policía o vandalizaron el Capitolio», afirmó Pence, quien vivió en carne propia el peligro de la insurrección de 2021.
A las críticas de Pence se unieron pesos pesados del Senado como Mitch McConnell, quien tildó el plan de «totalmente estúpido y moralmente incorrecto», y Thom Tillis, quien lo describió sin rodeos como «un fondo para pagar a canallas». Incluso el actual líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, sugirió públicamente a la Casa Blanca abandonar de manera definitiva la idea.
El escepticismo demócrata y el futuro de la medida
A pesar del anuncio del Departamento de Justicia, la oposición demócrata en el Congreso recibió la noticia con desconfianza. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que la palabra del mandatario no es suficiente para garantizar el fin de este polémico beneficio económico.
Schumer adelantó que el partido impulsará una iniciativa legislativa para prohibir por ley la creación de mecanismos similares en el futuro. «Si realmente están desistiendo de ese plan corrupto, no deberían tener ningún problema en prohibirlo por ley», sentenció el líder demócrata, asegurando que el debate por los límites del poder presidencial y el uso de los recursos públicos seguirá vivo en el Capitolio.
