Los accionistas del Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, anunciaron una demanda contra el Estado colombiano ante tribunales internacionales. Según su comunicado, acusan al Gobierno de incumplir compromisos relacionados con la suficiencia financiera del sistema de salud y de intervenir arbitrariamente en las operaciones de la EPS Sanitas.
De acuerdo con los accionistas, estas acciones han afectado tanto la sostenibilidad financiera de la compañía como la calidad en la prestación de servicios de salud. Esta situación impacta directamente a millones de usuarios y empleados, quienes dependen de la EPS para recibir atención médica o mantener sus empleos.
Que pasa @Supersalud @LuisCarlosLealA Que ahora @sanitas_eps no permite elegir IPS de examenes? Tengo discap Fisica por ser cuidadora 5 años de mi madre en inmovilidad total. Nunca me dieron cuidador, ni con @CNDJ_Col @judicaturacsj ni @CConstitucional Y ahora enferma sin tto pic.twitter.com/ZNAKNlYuYj
— Luisa Fda B. Plata (@loisemagic) January 23, 2025
A pesar de los inconvenientes, el Grupo Keralty reafirmó su compromiso con el sistema de salud colombiano. Los accionistas se comprometieron a reinvertir cualquier indemnización obtenida en la mejora de EPS Sanitas, con el propósito de fortalecer su operación y garantizar la calidad del servicio ofrecido a los afiliados.
El conflicto pone en evidencia la creciente preocupación sobre la estabilidad del sistema de salud en Colombia y la intervención estatal en las EPS. Para Keralty, esta situación compromete la capacidad de las empresas de salud de cumplir con su misión de brindar servicios adecuados a la población.
La compañía también reiteró su disposición para buscar soluciones dialogadas que prioricen el bienestar de los usuarios. Sin embargo, considera necesario llevar el caso ante instancias internacionales para proteger sus derechos y los de sus accionistas.
El Grupo Keralty es uno de los actores más importantes del sistema de salud colombiano y, a través de EPS Sanitas, atiende a millones de afiliados en el país. La disputa legal con el Estado podría tener implicaciones significativas tanto para la compañía como para el sector salud en general.
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