El panorama electoral en Colombia se sacude tras la denuncia del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien afirmó haber sido declarado objetivo militar por la guerrilla del ELN. A través de un comunicado oficial, su equipo de campaña reveló que el esquema de seguridad del abogado y político recibió una amenaza “directa y específica”, lo que ha encendido las alarmas en los organismos de inteligencia del Estado. La intimidación no solo apunta a la integridad del candidato, sino también a la infraestructura de su movimiento en diversos departamentos.
Según el reporte, la amenaza se materializó mediante una llamada telefónica recibida el pasado martes, en la que se advertía sobre una inminente escalada terrorista. El grupo insurgente habría señalado como posibles blancos las sedes de campaña ubicadas en puntos neurálgicos como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, además de ciudades intermedias como Popayán, Neiva y Barrancabermeja. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los procesos democráticos en regiones con alta presencia de grupos armados ilegales.
Pese a la gravedad de los señalamientos, la campaña de De la Espriella fue enfática al asegurar que el candidato mantendrá su agenda pública y sus recorridos por el territorio nacional. No obstante, se ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un refuerzo inmediato en los esquemas de seguridad. La petición incluye una intervención profunda de las centrales de inteligencia para verificar la procedencia de la llamada y desarticular cualquier plan de atentado antes de que se ejecute.
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Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión por el orden público en Colombia, donde la seguridad de los aspirantes a la Casa Blanca se ha convertido en el eje del debate político de 2026. Diversos sectores han expresado su solidaridad con el candidato, exigiendo garantías para que el debate de ideas no se vea silenciado por la violencia de los actores armados.
Colprensa
