miércoles, febrero 5, 2025
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Judicializado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC acusado de múltiples crímenes en el Catatumbo

Este 5 de febrero de 2025, Marlon Franco Albernia, conocido como alias JJ Guaracas o El Viejo, fue judicializado y presentado ante un juez de control de garantías en Cúcuta, Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, tras ser señalado de ser uno de los principales cabecillas de las disidencias del Frente 33 de las FARC, un grupo armado que ha sembrado el terror en la región del Catatumbo y la zona fronteriza con Venezuela.

Alias JJ Guaracas, quien recientemente se sometió a las autoridades en el corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, es acusado de ordenar y ejecutar múltiples delitos en la región.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, este hombre lideraba un grupo de más de 30 hombres armados responsables de asesinatos selectivos, extorsiones a comerciantes y transportadores, así como secuestros. Además, El Viejo es señalado de imponer cuotas a narcotraficantes para permitirles el procesamiento y la salida de cocaína en áreas rurales como Tibú y Sardinata.

Violencia en el Catatumbo

La región del Catatumbo ha vivido una ola de violencia en los últimos meses, en gran parte impulsada por grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Este panorama ha generado un clima de inseguridad que afecta a las comunidades locales, quienes han sufrido las consecuencias de estas actividades delictivas.

Alias JJ Guaracas y su grupo se habrían involucrado en actividades ilícitas como el narcotráfico, secuestros y asesinatos, lo que ha dejado a la comunidad en un estado constante de temor. La Fiscalía, con la colaboración de las autoridades locales, ha iniciado acciones judiciales para desmantelar estas estructuras criminales y reducir su impacto en la región.

Con la captura de El Viejo, la Fiscalía espera dar un golpe a una de las principales estructuras armadas en el Catatumbo. Además, se busca garantizar que los responsables de los crímenes en la zona rindan cuentas ante la justicia, contribuyendo a restaurar la paz en una región históricamente afectada por la violencia.

Esta acción judicial forma parte de los esfuerzos por desarticular las organizaciones criminales que siguen operando en el país, especialmente en zonas de difícil acceso como el Catatumbo, donde los grupos armados han dejado una profunda huella de terror.


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