Hasta 2022, el esquema de Mi Casa Ya operaba en relación con el ingreso de la familia, abarcando un rango de ingreso entre 0 y 4 SMLV, dividido en dos grupos: de 0 a 2 SMLV, y de 2 a 4 SMLV. Esto determinaba el monto del auxilio que recibiría el hogar y contaba con la ventaja, al no priorizar los hogares, que las familias no se enfrentaban a la incertidumbre de ser superadas por otros aspirantes y en consecuencia no recibir su subsidio.
En su lugar, los hogares recibían el estado de «habilitado», indicando que cumplían con todos los requisitos del programa y estaban en proceso de compra de inmueble VIS o VIP. Lo anterior permitía la inclusión del auxilio monetario en los estudios de riesgos de las entidades financieras y mejoraba las condiciones crediticias, acelerando así los esquemas de preventa, que representan cerca del 78% del mercado VIS/VIP, según datos de la Galería Inmobiliaria.
Actualmente, para que una familia sea beneficiaria del programa Mi Casa Ya, debe haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20. Posteriormente las familias son agrupadas según criterios de priorización desarrollados por el Ministerio, que evalúa la vulnerabilidad de la familia. Ambos esquemas requieren que las familias cumplan los requisitos durante todo el proceso, desde la aplicación al programa hasta la entrega de la vivienda, momento en el cual se realizan los desembolsos. Esto implica que las familias deben conservar su condición socioeconómica durante cerca de dos años, que es el tiempo que dura el proceso constructivo de la vivienda.
“Aunque este funcionamiento asegura que los recursos se destinen a familias que realmente los necesitan, durante este tiempo pueden surgir situaciones en las que las familias priorizadas sean superadas por otras con mayor necesidad, generando incertidumbre sobre la asignación de los recursos durante el proceso. Esto dificulta los análisis de riesgo de los constructores y las entidades de crédito, debilitando el esquema de preventa debido a la incertidumbre. Para superar esta dificultad, el gobierno busca garantizar a las familias, desde el inicio del proceso, la obtención del auxilio eliminando dicha incertidumbre. Esta iniciativa, conocida como «preasignación», reservará los recursos del programa y fortalecerá el esquema de preventa. Esto también fomentaría una mayor confianza en el sector constructor y estimularía la iniciación y lanzamiento de proyectos. Para acceder a una preasignación, las familias deben mantener su puntaje de Sisbén y no superar la categoría D20, algo que continúa de los anteriores esquemas. Esta iniciativa se llevará a cabo durante el 2024, y únicamente para VIP”, argumenta un informe de Asobancaria.
Añade que, para implementar esta iniciativa, se deben superar desafíos como desarrollar la normativa que permita ejecutar los recursos de esta manera y los mecanismos necesarios para monitorear la condición socioeconómica de las familias interesadas. “Otro desafío a tener en cuenta es la necesidad de aumentar aún más la oferta de estas viviendas y por supuesto la disponibilidad de suelo para su construcción. Posteriormente, el programa debería expandirse a VIS, ya que es donde se concentra gran parte del mercado nacional. Lograr esta implementación será de gran utilidad para la economía nacional”, concluye el documento.
