El Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal de los incrementos contractuales en las tarifas de ocho peajes pertenecientes a seis concesiones. Esta medida, que busca aliviar el impacto económico en los transportadores y ciudadanos, ha generado un debate con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que advierte sobre los riesgos para la sostenibilidad de los proyectos viales.
¿Qué son los incrementos contractuales?
La CCI explicó que las tarifas de peajes están reguladas por el Gobierno a través del Ministerio de Transporte y los contratos gestionados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas tarifas, al igual que los precios en la economía, se ajustan anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, los incrementos contractuales son diferentes: se aplican solo cuando el Estado certifica la entrega de obras clave como túneles, viaductos y segundas calzadas, financiadas por los concesionarios, las cuales mejoran los tiempos de viaje y reducen costos logísticos.
El anuncio del Ministerio afecta únicamente estos incrementos contractuales y no la indexación anual por IPC, que continúa normalmente.
Decisiones previas y ajustes del Gobierno
En enero de 2023, el Gobierno congeló la indexación por IPC y los incrementos contractuales mediante el Decreto 050. Aunque esta medida buscaba aliviar los costos para los usuarios, generó un impacto negativo en las concesiones, que dependen de estos recursos para operar y mantener las vías. Desde entonces, el Gobierno ha ajustado su estrategia para normalizar las tarifas según la inflación, pero ahora optó por suspender temporalmente los incrementos contractuales en estas ocho estaciones.
Impacto económico: advertencias y retos
La CCI advirtió que los incrementos contractuales representan un incentivo clave para la inversión privada en infraestructura. Suspenderlos, aunque sea temporalmente, podría poner en riesgo la financiación de futuros proyectos y afectar la competitividad del país. Según el gremio, esta decisión también desincentiva la inversión extranjera en el sector vial colombiano.
El Gobierno, por su parte, justifica la medida como una acción temporal que busca proteger la economía de los ciudadanos en un contexto de alta inflación y desaceleración económica.
¿Qué está en juego?
La suspensión de los incrementos contractuales pone sobre la mesa un desafío clave para el país: encontrar el equilibrio entre el alivio económico para los usuarios y la sostenibilidad financiera de las concesiones. Mientras tanto, esta decisión beneficia a los transportadores y ciudadanos, pero deja dudas sobre su impacto en el desarrollo vial y la competitividad a largo plazo.
