Ocaña, Norte de Santander — 21 de enero de 2025. La violencia entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo ha dejado a cerca de 46 mil niños sin la posibilidad de iniciar clases. La Comisión Humanitaria Extraordinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó que, tras cuatro días de enfrentamientos, las condiciones de seguridad continúan deteriorándose, poniendo en grave peligro a las comunidades.
Aumentan los desplazamientos forzados
En las últimas jornadas, las cifras de desplazamiento forzado han crecido alarmantemente. Cúcuta ha recibido a más de 10 mil personas afectadas por el conflicto, mientras que en Ocaña se registró la llegada de otras seis mil. Esta crisis humanitaria ha encendido las alarmas de las autoridades locales y nacionales, quienes trabajan para atender las necesidades urgentes de los desplazados.
Impacto en la niñez y la población vulnerable
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que “más del 35 % de esta población desplazada corresponde a niños, niñas y adolescentes”. La situación es especialmente crítica para los menores de edad, quienes enfrentan no solo la interrupción de su educación, sino también riesgos para su integridad física y emocional.
Amenazas contra firmantes de paz y comunidades locales
Adicionalmente, se ha reportado que las familias y los firmantes de paz en la vereda Caño Indio, donde se desarrollaba el proceso de reincorporación, están bajo constante amenaza. El grupo armado ELN los ha declarado objetivos militares, lo que ha incrementado la inseguridad en el departamento. En el último periodo, seis firmantes de paz han sido asesinados, mientras que otros permanecen desaparecidos.
Compromiso de la Procuraduría
Ante esta crisis, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de permanecer en el territorio, trabajando con las comunidades y las autoridades para garantizar la protección de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho.
La situación en el Catatumbo requiere atención urgente de las autoridades y la sociedad civil, dado el impacto devastador que la violencia sigue generando en una región ya golpeada por el conflicto armado.
