Exmagistrado de Cartagena sentenciado por prevaricato

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La condena contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Tailor Ivaldy Londoño Herrera, está relacionada con irregularidades en el trámite de una tutela. A través de esta acción judicial, se cancelaron las órdenes de captura de una persona condenada por homicidio.

Según la Fiscalía, el exmagistrado no solo benefició ilegalmente al condenado, sino que además violó las normas de reparto judicial, lo que constituye una grave transgresión de la ley.

La gravedad de la conducta

En su decisión, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia destacó la gravedad de la conducta de Londoño Herrera.

“La Corporación advierte que la conducta desplegada por el acusado reviste superlativa gravedad porque con ella desconoció de manera palmaria el propósito de las medidas provisionales conforme el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuya teleología no es otra que servir de herramienta para proteger derechos fundamentales vulnerados o bajo amenaza de afrenta mientras se dicta fallo en la acción constitucional de tutela”, se lee en la decisión.

Sugerencias: Condenado Luis Alberto Monsalvo Gnecco, Exgobernador del Cesar.

Además, el tribunal cuestionó que el exmagistrado no cumplió su deber: “El enjuiciado dejó de lado el compromiso que adquirió cuando tomó posesión de cargo, de ejercer la función pública con responsabilidad, conforme a la ley y respetando la Constitución”.

Condena impuesta

La Corte Suprema impuso una pena de 51 meses de prisión, una multa de 70,83 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 85 meses. Sin embargo, se le concedió la prisión domiciliaria.

Un mensaje de responsabilidad judicial

La condena a Londoño Herrera busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen dentro del marco de la legalidad y refuercen la confianza en el sistema de justicia colombiano. La decisión envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos en el ámbito judicial.