El Consejo de Estado examina la primera demanda contra la resolución del Gobierno Nacional sobre los gestores de paz
El Consejo de Estado ha recibido la primera demanda contra la resolución del Gobierno Nacional que designó a 18 excomandantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como «gestores de paz». El demandante es el exministro de Justicia Wilson Ruíz, quien ha cuestionado el uso de la política de «Paz Total» por parte del actual gobierno, argumentando que favorece a individuos vinculados con grupos paramilitares desmovilizados, que ya no tienen actividad delictiva.
La polémica resolución que designó a los exparamilitares como gestores de paz ha generado un intenso debate. Según Wilson Ruíz, esta medida no solo beneficia a los responsables de delitos graves, sino que también pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes deberían ser el foco principal de la política de paz del país. En su demanda, Ruíz señala que la resolución contradice los principios fundamentales de la Paz Total, que se supone debe enfocarse en la reparación de las víctimas y no en dar un beneficio a quienes fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Críticas a la política de paz total y su aplicación
El exministro también expresa su preocupación de que el gobierno esté utilizando la política de paz de manera excesiva, incluyendo en el proceso a líderes de grupos criminales extintos. Según su interpretación, no existe justificación para dialogar con excomandantes de las AUC, ya que, según la ley, estos grupos ya no están activos y no representan una amenaza actual.
«Este enfoque de paz, que favorece a los exlíderes paramilitares, desconoce el verdadero objetivo de la Paz Total, que debe ser la reparación de las víctimas. Al incluir a personas que no están involucradas en actividades delictivas actuales, se desnaturaliza la política», asegura Ruíz en su demanda.
Preocupaciones sobre los derechos de las víctimas
Una de las principales críticas del exministro es que la designación de gestores de paz no toma en cuenta la opinión de las víctimas, ni sus derechos en el proceso. Según el texto de la demanda, la política actual excluye a las víctimas de las mesas técnicas, espacios donde se discuten y diseñan las estrategias para la implementación de la paz. Ruíz sostiene que este vacío en la legislación pone en riesgo la integración de las víctimas en el proceso de construcción de paz, lo cual es fundamental para la legitimidad de la política.
El acto administrativo, en juicio de legalidad
Ruíz concluye su demanda señalando que el acto emitido por el Gobierno Nacional es viciado. Explica que la resolución no especifica de manera clara cuál será el rol de los gestores de paz ni su aportación concreta al proceso de reconciliación y paz en el país. Además, señala que el acto administrativo no se ajusta a la legislación vigente, al atribuir funciones que no corresponden a los gestores designados.
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El siguiente paso del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ahora tiene la responsabilidad de estudiar los argumentos presentados por Wilson Ruíz para determinar si el recurso puede ser admitido. De ser así, el caso pasaría a un análisis más profundo sobre la legalidad de la resolución emitida por el Gobierno Nacional, lo que podría generar un cambio en la implementación de la política de Paz Total y su alcance en el futuro cercano.
