La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha imputado cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes podrían enfrentar sanciones millonarias por presuntamente haber incumplido requerimientos durante una visita administrativa de inspección realizada en marzo de 2024.
La investigación busca establecer si los funcionarios impidieron, de alguna manera, el acceso a información y dispositivos electrónicos necesarios para la supervisión en el marco del régimen de libre competencia económica.
Según el reporte de la SIC, los funcionarios investigados habrían mostrado una actitud obstruccionista al no entregar ciertos datos ni permitir acceso a equipos electrónicos durante las diligencias programadas entre el 12 y el 22 de marzo. Estas acciones habrían complicado la obtención de pruebas y la supervisión de actividades reguladas por la autoridad de competencia.
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La SIC recordó que su rol de autoridad para la protección de la competencia depende del cumplimiento de los requerimientos de información y de acceso a recursos tecnológicos, subrayando que la falta de cooperación puede derivar en sanciones tanto para los funcionarios implicados como para la entidad en sí. De confirmarse las conductas, los investigados podrían enfrentar sanciones económicas significativas.
