Un análisis reciente de Crowe Colombia revela preocupantes implicaciones económicas de la reforma laboral en el país, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Según el informe, hasta el 15% de las pymes podrían verse forzadas a cerrar debido al aumento de los costos laborales y a las restricciones en la contratación temporal. La reforma, promovida por el Ministerio del Trabajo, busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, pero también podría afectar la viabilidad financiera de los pequeños negocios, que son responsables de una parte importante de la generación de empleo formal en Colombia.
Crowe Colombia ha identificado cinco costos “ocultos” que, según el análisis, no han sido suficientemente reconocidos en los debates públicos ni por el Gobierno Nacional. Entre estos, se destaca la regulación de los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y domiciliarios, lo que implicaría costos adicionales en prestaciones sociales y beneficios laborales que las pequeñas empresas y trabajadores independientes podrían no estar en capacidad de absorber. También se incluyen modificaciones en los recargos nocturnos, festivos y dominicales, que aumentan el costo de la mano de obra de quienes laboran en estos horarios, y cambios en los contratos de los aprendices Sena, incrementando así los costos administrativos y salariales.
Andrés Francisco Monroy, gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, señaló que los costos laborales de las empresas podrían incrementarse hasta en un 34% debido a estos cambios. Explicó que de los 80 artículos iniciales del proyecto de ley, 15 ya fueron aprobados, 58 pasaron con modificaciones, siete se eliminaron y otros siete se añadieron, elevando la complejidad y el impacto potencial de la reforma. Según Monroy, mientras las grandes empresas podrían absorber los incrementos de costos, el panorama es distinto para las pymes, las cuales enfrentan limitaciones de liquidez y capacidad para competir en el mercado.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha defendido la propuesta argumentando que su propósito es mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores en Colombia. Sin embargo, algunos críticos advierten que la reforma no necesariamente contribuye a reducir el desempleo y, por el contrario, podría desalentar la creación de nuevos puestos de trabajo en un país donde la informalidad laboral sigue siendo un problema estructural.
Aumento de costos y competitividad en riesgo
Uno de los principales puntos de preocupación para las pymes es el impacto en el costo de la mano de obra, especialmente en sectores que dependen de horarios nocturnos o fines de semana. El recargo de hasta el 100% en salarios para estas horas podría incrementar el costo laboral hasta en cinco billones de pesos, un valor difícil de asumir para muchas microempresas. Este gasto adicional se suma a la carga de las licencias de maternidad y paternidad ampliadas, que aumentarían el ausentismo laboral en un 10%, y a las nuevas licencias remuneradas, como las relacionadas con condiciones médicas incapacitantes y asuntos escolares.
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Adicionalmente, la reforma limitaría el uso de contratos temporales, aumentando los costos administrativos en un 25%, pues este tipo de contratación, que resulta menos costosa y flexible, se reemplazaría con contrataciones directas, con mayores exigencias en prestaciones y seguridad social. Monroy advirtió que este cambio en las “reglas de juego” afectará en mayor medida a las pymes, ya que deben asumir la carga de la seguridad social y las prestaciones de empleados que anteriormente eran contratados mediante terceros.
Otro costo asociado a la reforma laboral que preocupa a los expertos es la regulación de los trabajadores en condición de discapacidad y aquellos próximos a pensionarse, ya que las nuevas disposiciones dificultarían la desvinculación de estos colaboradores. Aunque este cambio busca proteger a los trabajadores vulnerables, Crowe advierte que podría generar un efecto adverso, disuadiendo a las empresas de contratar personas en estas condiciones debido a los altos costos de desvinculación y los riesgos de mantener empleados que, por su situación, podrían ver afectada su productividad.
