En un giro inesperado y cargado de tensiones políticas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha decidido no renovar el contrato con la firma paisa Plaza Mayor, que durante los últimos dos años ha sido el principal organizador de eventos públicos para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Esta decisión marca un punto álgido en la relación entre el Gobierno actual y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, generando incertidumbre sobre la organización de futuros eventos presidenciales.
Plaza Mayor, una empresa que ha gestionado eventos gubernamentales por un valor superior a los 23.400 millones de pesos, no continuará en su rol tras la expiración del contrato, que finaliza en los próximos días. La decisión de no prolongar el contrato está acompañada de la apertura de una nueva licitación por 7.000 millones de pesos, cuyo fallo se espera para el 4 de septiembre. Este cambio de operador parece ser una consecuencia directa de los crecientes roces entre el presidente Petro y el alcalde Gutiérrez, una relación marcada por conflictos políticos y administrativos.
Ricardo Bonilla, el nuevo liderazgo en Plaza Mayor, se encuentra vinculado estrechamente con el círculo cercano a Gutiérrez, lo que ha elevado las tensiones y motivado la búsqueda de nuevos contratistas. Esta dinámica política ha llevado al Dapre a replantear sus alianzas, especialmente en un contexto donde los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el mandatario local han sido frecuentes.
La salida de Plaza Mayor del ámbito presidencial plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán los eventos futuros de la Casa de Nariño. La transición hacia un nuevo operador se produce en un momento crítico, en el que la coordinación y la logística de los eventos oficiales cobran aún mayor relevancia. La nueva licitación representa no solo una oportunidad para nuevas empresas, sino también un desafío para el Gobierno, que deberá adaptarse rápidamente a los cambios.
