Corrupción y fenómeno del niño amenazan con apagón en varios departamentos de Colombia

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Apagón en Colombia
Apagón en Colombia

Por omisión de agente recaudador y peculado por apropiación de los recursos públicos con destinación especifica, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación polémicos empresarios que estarían utilizando para otros fines distintos a la prestación efectiva del servicio de alumbrado público los dineros recaudados para su financiamiento.

La empresa AIR-E S.A.S ha venido recaudando este impuesto en la factura de la luz que le hace llegar a sus usuarios en todos los municipios de los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena de manera puntual cada mes, quienes tributan alrededor de 250 mil millones de pesos anuales; estos dineros están siendo retenidos de forma ilegal poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la prestación del servicio de alumbrado publico en pleno furor del Fenómeno del Niño, afectando los mantenimientos preventivos y las inversiones necesarias para evitar que se produzca un apagón generalizado.

La polémica AI -E S.A.S actualmente de manera ilegal retiene por más de tres meses los recursos públicos que debería llegarle a los entes territoriales, siendo que:

“La norma obliga a efectuar el giro como máximo dentro de los 45 días siguientes al recaudo, al retener ese dinero se pone en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público al desfinanciarlo, poniendo en riesgo la prestación del servicio, todo porque al parecer el empresario Alberto Ríos Velilla se estaría embolsillando los impuestos del alumbrado público para financiar a AIR-E, dándole una destinación distinta al recaudo de este impuesto”. Precisó el fundador de la Asociación Nacional de Vocales de Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, Hermann Gustavo Garrido Prada.

Vale la pena contar que Garrido Prada es un reconocido ingeniero de petróleos y especialista en ingeniería ambiental quien por estos hechos interpuso formalmente denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación y pidió la intervención de la Supertintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría General de la República.

Foto cortesía: Freepik @pvproductions