Bogotá, D.C., 26 de agosto de 2024. La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas han presentado su Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas.
En el XI informe de monitoreo y seguimiento a la #LeyDeVíctimas, Contraloría, @PGN_COL y @DefensoriaCol alerta sobre graves retrasos en su implementación, lo que ha impedido que, en muchos casos, las víctimas superen su situación de vulnerabilidad. https://t.co/XOl9UQgMZG pic.twitter.com/6DX1hHEESS
— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 27, 2024
Este informe destaca que el modelo de reparación colectiva sigue enfrentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y el cumplimiento de los planes integrales para la asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El informe subraya que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de las 9.737.008 víctimas registradas en el país. Las principales áreas afectadas incluyen la generación de ingresos, el acceso a tierras, la vivienda, la salud y la educación.
Desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, sólo se ha indemnizado al 14% de las víctimas elegibles, alcanzando a 1.368.269 personas de un total de 9.409.808 que deberían recibir indemnización.
Para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral entre 2024 y 2031, se estiman necesarios $303,9 billones constantes de 2024. La distribución de estos recursos requeridos es significativa: $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior.
«Presentamos el XI Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Un trabajo interinstitucional que refleja el esfuerzo por escuchar y atender las voces de las víctimas»: Procuradora #MargaritaCabello pic.twitter.com/ibYDKEp1gK
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 27, 2024
El informe también aborda los desafíos en los procesos de diálogo y negociación con estructuras armadas ilegales, que han impactado negativamente en la seguridad y los derechos de las comunidades civiles.
Los eventos de confinamiento han aumentado, especialmente en departamentos como Chocó, Nariño y Arauca.
En cuanto a la atención humanitaria, la Comisión ha señalado una creciente tendencia de eventos de confinamiento y ha destacado la necesidad urgente de priorizar la atención en departamentos con mayores necesidades, como Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) debe garantizar la entrega oportuna de medidas de atención.
«Las acciones deben ser diferenciales, siempre priorizando a los más vulnerables: mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad»: Procuradora #MargaritaCabello pic.twitter.com/gzD420rM91
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 27, 2024
El informe también indica un preocupante déficit habitacional entre las víctimas, con un significativo rezago en la entrega de subsidios de vivienda tanto en áreas urbanas como rurales. En materia de restitución de tierras, se han identificado demoras en el proceso de inscripción y congestión en los tribunales especializados.
La situación de las víctimas en el exterior también enfrenta dificultades, especialmente en el subregistro y en el acceso a la Ley 2343 de 2023. Además, la Comisión ha llamado a mejorar la atención psicosocial y la protección de grupos vulnerables, incluyendo mujeres y personas LGBTIQ+.
