El gobierno de Abelardo de la Espriella volvió a incorporar a Colombia al Consenso de Ginebra, una declaración política que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto. La decisión, anunciada por el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, fija una postura para los espacios multilaterales, pero no modifica la legislación colombiana.
El alcance del Consenso de Ginebra
La adhesión se formalizó en la sede de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, con participación de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría del Consenso de Ginebra. Ordóñez indicó que los integrantes de la declaración se comprometen a promover sus principios en escenarios multilaterales.
Impulsada en 2020 durante el primer gobierno de Donald Trump, la declaración plantea que los Estados no tienen obligación internacional de promover o facilitar el aborto. También defiende que cada país defina sus políticas en la materia. Ordóñez describió el mecanismo como una declaración política de 47 Estados orientada a la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia.
El embajador afirmó que la adhesión «no tiene efectos jurídicos» y que las cuestiones legales se resuelven mediante las normas y procedimientos de cada país. La Cancillería confirmó que la decisión no modifica la legislación colombiana y la presentó como un compromiso político y diplomático.
Colombia había ingresado a la declaración en mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, cuando Ordóñez también era embajador ante la OEA. La administración de Gustavo Petro retiró después al país de la coalición al considerar que esa participación no era coherente con las decisiones de la Corte Constitucional.
La decisión de la Corte sigue vigente
En 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055. Después de ese plazo, la interrupción del embarazo continúa permitida bajo las causales establecidas previamente por el tribunal, entre ellas el riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, la inviabilidad del feto y los embarazos resultantes de violencia sexual.
La reincorporación provocó posiciones opuestas. El representante conservador Luis Miguel López Aristizábal respaldó el regreso y sostuvo que la vida merece protección incluso antes del nacimiento. Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, pidió que Colombia se retire: a su juicio, la coalición actúa contra la salud reproductiva de las mujeres.
La internacionalista Sandra Borda planteó que la Corte Constitucional revise las inconsistencias entre las normas internas y la suscripción de acuerdos internacionales. Advirtió que un derecho reconocido en el ordenamiento colombiano no debería retroceder por la participación del país en ese tipo de iniciativas.
El regreso al Consenso ocurre después de que Colombia tomara distancia de expresiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Por ahora, la adhesión establece la posición diplomática del Gobierno en esos debates, mientras permanece vigente la decisión de la Corte sobre el acceso al aborto en Colombia.
