El presidente Abelardo De La Espriella reactivó en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. La unidad reunirá a unos 1.200 uniformados para combatir el robo y desvío de hidrocarburos, con operaciones que irán más allá de la vigilancia de oleoductos y apuntarán a las redes que obtienen ingresos del combustible.
La cadena del combustible ilegal
La decisión quedó plasmada en la Directiva Permanente 037 del Ministerio de Defensa. El documento ordena combinar inteligencia, investigación criminal, control territorial y seguimiento financiero para intervenir desde la extracción ilícita hasta el transporte, almacenamiento, comercialización y destino final de los combustibles. La instrucción cobija a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
El diagnóstico oficial identifica conexiones clandestinas en poliductos, extracción de crudo de oleoductos para procesarlo en refinerías improvisadas y desvío de carrotanques hacia minas ilegales. También registra el uso irregular de estaciones de servicio y la compra de combustible con beneficios tributarios en zonas de frontera para dirigirlo después a actividades ilícitas.
La directiva menciona tráfico por las fronteras con Ecuador, Perú y Venezuela. Además, plantea la existencia de estaciones registradas formalmente que físicamente no existirían y servirían para justificar suministros destinados a la minería ilegal o el narcotráfico. Frente a esas modalidades, los controles previstos abarcan tanto la infraestructura de transporte como los puntos de distribución.
Las autoridades revisarán periódicamente el suministro en estaciones de servicio y reconstruirán la trazabilidad del combustible desde su origen hasta su destino final. También compararán los consumos con registros históricos. La información de las empresas operadoras ayudará a ubicar conexiones ilícitas, rutas, carrotanques y movimientos atípicos entre los participantes de la cadena.
Operaciones y seguimiento financiero
Urano tendrá sede en Aguachica, Cesar. Su área de acción incluirá el sur del departamento, el Magdalena Medio, Catatumbo y corredores hacia Norte de Santander. El presidente indicó que las primeras acciones se dirigirán contra el ELN y el clan del Golfo en Cesar; entre los trayectos previstos figuran Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña.
El Comando General de las Fuerzas Militares estará a cargo de planear, dirigir y supervisar el componente militar. Deberá definir la misión, el mando, el área de responsabilidad, la duración y las capacidades de la organización conjunta. La Policía aportará prevención, inteligencia e investigación criminal, sin modificar su naturaleza civil ni su propia línea de mando.
La dimensión económica también aparece en el diagnóstico. Con corte al 9 de septiembre de 2026, Defensa registraba 54 procesos contencioso-administrativos relacionados con estos hechos, con pretensiones por alrededor de 17,65 billones de pesos. Ocho procesos de reparación de perjuicios causados a un grupo concentraban la mayor parte de ese valor.
Además de actuar sobre conexiones clandestinas, corredores y centros de acopio, la fuerza de tarea rastreará dinero y bienes vinculados a estas operaciones. El componente técnico identificará los hidrocarburos incautados, incluidos gasolina y ACPM, para apoyar las investigaciones y los procesos de judicialización. Así, el despliegue desde Aguachica combinará operaciones territoriales con investigación financiera y judicial.
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