La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció que el Gobierno encontró una ruta para resolver el faltante presupuestal que, afirmó, amenazaba el pago de las mesadas de noviembre y diciembre en Colpensiones.
El faltante de Colpensiones
López Fuentes atribuyó la situación a una “deficiente planeación presupuestal heredada”, con proyecciones que, sostuvo, fueron insuficientes ante el costo real de las obligaciones pensionales. La funcionaria señaló que el Ejecutivo alertó sobre una dificultad cercana a los 5 billones de pesos para cubrir los pagos previstos.
De acuerdo con la ministra, Colpensiones dispone para 2026 de 35,8 billones de pesos de recursos de la Nación. Explicó que cerca de 30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante el gobierno anterior y que unos 5 billones permanecían pendientes de disponibilidad.
La jefa de la cartera de Trabajo añadió que 5,4 billones de pesos aparecen incorporados en el presupuesto, pero fueron dejados sin situación de fondos. En su explicación, esos recursos fueron presupuestados, aunque su disponibilidad no se hizo efectiva.
Mesas para asegurar recursos
Bajo una directriz que atribuyó al presidente Abelardo De La Espriella, los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Colpensiones, realizaron mesas de trabajo para revisar la viabilidad de los recursos económicos requeridos.
La ministra sostuvo que esas reuniones permitieron definir una ruta de solución. “Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirle que tenemos una ruta para solucionarlo”, declaró.
López Fuentes dirigió un mensaje a los pensionados y sus familias y afirmó que el Gobierno trabaja para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas. También señaló que la administración no trasladará el problema a quienes cotizaron durante su vida laboral.
En su intervención, la funcionaria vinculó el pago pensional con gastos cotidianos de los hogares, como mercado, servicios públicos y medicamentos. Cerró al afirmar que el Estado tiene la obligación de responder por esos recursos y respetar los derechos de los pensionados.
