El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el “Libro de la Verdad”, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos asociados a prácticas que, de acuerdo con el Gobierno, pueden fomentar la corrupción durante la administración de Gustavo Petro.
Casos remitidos a control
De la Espriella estuvo acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo en la presentación realizada en la Universidad del Externado. Restrepo indicó que el documento agrupa nueve comportamientos y recoge el trabajo del llamado Equipo Élite Anticorrupción, conformado durante el empalme con más de 1.200 profesionales voluntarios.
El informe plantea que el equipo revisó información para identificar situaciones y, cuando los hallazgos lo justificaron, promover solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales. También señala que algunas gestiones derivaron en la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos y en la apertura de investigaciones.
Uno de los expedientes expuestos se refiere a la contratación de una planta desalinizadora de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, estimada en COP 786.000 millones. El documento menciona posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre estudios previos y de mercado, asuntos técnicos por definir por el futuro contratista y un aparente desconocimiento del CONPES que orientaba la iniciativa.
Tras la revisión de esos documentos, el Equipo Élite solicitó el 25 de julio medidas preventivas a la Procuraduría. Cuatro días después, el Ministerio Público pidió la suspensión provisional de la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.
Tierras, vías y protección
El libro también incluye una demanda de nulidad simple contra la Resolución 0478 del Dapre, expedida el 6 de julio de 2026. La norma declaró hábiles varios sábados, domingos y festivos de julio y agosto para actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de esa resolución el 28 de julio, al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía incidir en el desarrollo de procesos de contratación.
Sobre la reforma agraria, el equipo reportó que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó COP 1 billón para adquirir predios destinados al Fondo de Tierras. El análisis indicó que parte importante de los pagos se hizo antes de culminar la transferencia y el registro de los inmuebles; de 537 predios analizados, tres estaban debidamente titularizados. Por este asunto se presentaron denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria.
En el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el informe identificó recursos por más de COP 612.000 millones comprometidos con Juntas de Acción Comunal y una ejecución baja. Como ejemplo, citó seis convenios en Antioquia por más de COP 2.289 millones con ejecución presupuestal del 100 %, mientras las intervenciones estaban suspendidas y no registraban avance físico. El equipo interpuso una denuncia penal.
La revisión abarcó además un contrato de la UNP superior a COP 78.000 millones para servicios de protección en las zonas 1 y 2 del país. El Gobierno cuestionó la delimitación de su objeto y la exclusión de otras zonas estratégicas, presentó una queja disciplinaria y pidió suspender al director de la entidad. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira suspendió provisionalmente el proceso tras admitir una acción de tutela.
