La Defensoría del Pueblo detectó vulneraciones en salud, educación y atención social durante una verificación en San Juan del Soco, comunidad de Puerto Nariño, Amazonas, y anunció que mantendrá el acompañamiento institucional.
Barreras de salud en el resguardo
La jornada contó con la participación del Curaca, autoridad tradicional de la comunidad, y de 30 habitantes de la zona, principalmente del resguardo indígena Ticoya. Allí, la entidad identificó obstáculos de acceso al sistema de salud que afectan a los pobladores.
Entre las situaciones críticas figuran la falta de remisiones médicas oportunas y las demoras en las autorizaciones de Nueva EPS y Mallamas EPS Indígena. Estas situaciones han dejado sin atención casos particulares que requieren manejo prioritario.
La Defensoría insistió en que las EPS con presencia en el resguardo deben garantizar las remisiones y agilizar las autorizaciones pendientes. El seguimiento se desarrolla con autoridades locales y comunitarias.
Educación y violencias de género
En materia educativa, la verificación encontró deficiencias operativas y de infraestructura en la institución local. La entidad constató los riesgos asociados al mal estado de las instalaciones y supervisó la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE Amazonas).
El programa de alimentación escolar beneficia a 45 niños y niñas del sector. La Defensoría mantendrá el seguimiento a las condiciones de infraestructura de la institución educativa.
Durante la jornada también hubo atención directa a casos de violencias basadas en género reportados formalmente ante la administración de Puerto Nariño. La entidad evaluó, además, escenarios de conflictividad interna vinculados con la representación del resguardo y la asociación Aticoya.
El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo continuará en San Juan del Soco, con seguimiento a las barreras de salud, las condiciones educativas y el manejo de los casos de violencias basadas en género identificados.
