América Latina y el Caribe enfrentan un obstáculo que parece inamovible: la informalidad laboral. Según el reciente informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el 55% de los trabajadores de la región operan fuera de la legalidad, un fenómeno que Sergio Díaz-Granados, presidente del organismo, califica como el «enemigo silencioso» de la productividad.
El reporte, titulado ‘Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante’, advierte que este desarrollo inconcluso frena la inversión y estanca la mano de obra. Muchas empresas prefieren mantenerse pequeñas y «bajo el radar» para evitar impuestos y regulaciones, lo que impide que se integren a cadenas globales de valor.
El panorama en Colombia: Una mejora leve pero insuficiente
En nuestro país, el desafío institucional es profundo. Datos de CAF indican que, para 2022, el 82% de las empresas no estaban registradas ante la Cámara de Comercio.
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Por su parte, las cifras más recientes del DANE (trimestre diciembre 2025 – febrero 2026) sitúan la tasa de informalidad en el 55,3%. Aunque representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales frente al año anterior, la realidad es preocupante: de los 24 millones de ocupados en Colombia, 13,2 millones son informales.
¿Por qué es tan difícil formalizarse?
El informe identifica que la informalidad no responde a una sola causa, sino a tres realidades distintas:
Costos de entrada: Empresas que quieren ser legales pero se ahogan en trámites y costos operativos.
Supervivencia: Unidades productivas con niveles tan bajos de eficiencia que solo existen en la informalidad.
Estrategia: Negocios que deciden permanecer al margen para maximizar beneficios evadiendo controles.
El impacto en los jóvenes y la educación
Uno de los puntos más críticos del informe de CAF es cómo la informalidad desincentiva el estudio. Al reducir el retorno económico de la educación (ganar casi lo mismo siendo profesional que no), muchos jóvenes optan por no invertir en sus habilidades, lo que degrada el capital humano del país a largo plazo.
La hoja de ruta para el cambio
Para enfrentar este «lastre», CAF propone una agenda integral que no solo se base en multas, sino en:
Simplificación de trámites: Reducir la carga administrativa para las micro y pequeñas empresas.
Digitalización: Usar bases de datos integradas para detectar la evasión de forma inteligente.
Formación laboral: Potenciar programas como Jóvenes en Acción para facilitar la transición al empleo formal.
