La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Queila Maryuri Orozco Trujillo, empleada de una entidad bancaria en La Dorada (Caldas), señalada de ser el enlace clave de una peligrosa red de extorsión carcelaria. Según la investigación, Orozco aprovechaba su cargo para filtrar información privilegiada de los clientes a delincuentes recluidos en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. Con estos datos, la red criminal suplantaba identidades para tramitar créditos fraudulentos a nombre de usuarios desprevenidos.
El modus operandi revelado por el ente acusador indica que la mujer alertaba al cabecilla de la estructura sobre el momento exacto del desembolso del dinero. Inmediatamente después de que el crédito era aprobado, las víctimas recibían llamadas intimidatorias desde el centro carcelario, donde eran extorsionadas bajo amenazas. Este nivel de precisión en las comunicaciones sugiere una coordinación milimétrica entre la empleada y los internos para asegurar el éxito del ilícito.
Las pruebas recolectadas son contundentes: se identificaron más de 670 comunicaciones entre Orozco Trujillo y el articulador de la red delictiva dentro del penal. En estos contactos, la procesada habría entregado detalles minuciosos sobre la capacidad financiera y los movimientos de los usuarios de la sucursal. Ante estas evidencias, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, una conducta que vulnera gravemente la confianza en el sistema financiero regional.
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Pese a la gravedad de los señalamientos, la procesada no aceptó el cargo durante las diligencias judiciales. No obstante, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso. Este caso pone nuevamente de manifiesto la vulnerabilidad de los datos personales y la necesidad de que las entidades bancarias refuercen sus protocolos de seguridad interna para proteger a sus ahorradores de las redes criminales que operan desde las prisiones.
