El mercado inmobiliario en Colombia cerró el año 2025 con cifras que revelan una profunda brecha de desigualdad en el acceso al techo propio. Según el Dane, aunque se financiaron 182.578 viviendas (un leve repunte del 1,6 % frente a 2024), el crecimiento fue impulsado casi exclusivamente por el leasing habitacional, que se disparó un 46,9 %. En contraste, la financiación de la Vivienda de Interés Social (VIS) sufrió un retroceso significativo del 10,3 %, evidenciando que el mercado se está inclinando hacia hogares con mayor capacidad de endeudamiento, mientras que las familias más pobres pierden terreno.
La principal causa de este fenómeno es la suspensión del programa Mi Casa Ya, decidida por el gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2024. Este programa era el motor de la vivienda popular, otorgando subsidios a la cuota inicial de hasta 30 salarios mínimos (más de 52,5 millones de pesos) para hogares en los subgrupos A1 a C8 del Sisbén. Sin este auxilio, los desembolsos para compra de vivienda VIS con subsidio se desplomaron un 49,6 % en 2025, un vacío que no pudo ser compensado por el aumento de ventas en unidades sin subsidio.
De acuerdo con Camacol, las cifras sugieren una realidad preocupante: quienes están adquiriendo vivienda hoy no son las familias vulnerables, sino hogares de mayores ingresos que no dependen de las ayudas estatales. El segmento No VIS creció un 17,4 %, con 33.427 unidades financiadas, mientras que el crédito hipotecario tradicional bajó un 1,3 %. Esta dinámica indica que la vivienda nueva, que sumó 129.684 unidades el año pasado, está siendo captada por un perfil de comprador con solvencia propia o acceso a herramientas financieras sofisticadas como el leasing.
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El balance final de 2025 deja 96.257 unidades VIS financiadas, pero de estas, solo 34.162 contaron con subsidio, frente a las 61.311 que se adquirieron de forma independiente. Para los analistas del sector, la desaparición de los incentivos en efectivo y los créditos blandos para los sectores populares representa un retroceso en la política habitacional del país. Mientras el Gobierno Nacional explora otros decretos de emergencia económica, el sueño de casa propia parece estar quedando reservado para quienes menos necesitan del apoyo institucional.
